Trump firma el nuevo plan de estímulo tras bloquearlo durante días

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este domingo un nuevo plan de estímulo a la economía estadounidense por valor de 900 mil millones de dólares, después de varios días negándose a hacerlo y de que millones de personas perdieran sus prestaciones por desempleo.

Trump suscribió el proyecto de ley por valor de 2.3 billones de dólares en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), donde se encuentra de vacaciones, confirmó la Casa Blanca.

Ese paquete, conocido como Omnibus, incluye el segundo plan de estímulo aprobado este año en EU y 1.4 billones de dólares para financiar la Administración hasta septiembre de 2021.

Después de cinco días negándose a firmar el proyecto de ley y exigiendo cambios, Trump dio marcha atrás aparentemente para evitar que la noche del lunes se agotaran los fondos para la Administración y cientos de miles de empleados vieran suspendido su sueldo.

«Firmo este paquete de omnibus y covid-19 con un mensaje rotundo que deja claro al Congreso que los puntos de la ley que suponen un derroche tienen que retirarse» del texto, señaló Trump en un comunicado.

El mandatario aseguró que, a pesar de que está firmando el proyecto de ley, todavía espera que el Congreso apruebe un cambio en el punto que contempla el envío de un pago único de 600 dólares a millones de contribuyentes para compensar los estragos de la pandemia.

El cambio de opinión de Trump llegó cinco días después de que amenazara el martes con bloquear la ley si no se modificaban varios puntos, desde el aumento de los pagos directos a los estadunidenses hasta una reducción de la ayuda exterior.

Su negativa a firmar la ley provocó que este domingo expiraran dos programas que proporcionaban ayudas por desempleo a entre 10 y 14 millones de estadounidenses, y que ahora quedarán renovados al entrar en vigor la ley.

El bloqueo de Trump al proyecto de ley le mereció críticas de varios miembros de su partido, y de haber durado hasta el 1 de enero habría provocado el fin de un veto nacional a los desahucios, lo que afectaría a unos 30 millones de estadunidenses.

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